Boletín quincenal - 16 de octubre de 2017

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MOVÍN OPINA

ELECCIONES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

Por: Iván Aguilar

“Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera”, Albert Eistein.

La Universidad Tecnológica de Panamá [UTP] actualmente vive uno de los procesos más bonitos de la democracia, que es la de elegir su máxima autoridad a través del sufragio.

Lamentablemente el mismo se ha visto empañado por prácticas clientelistas, prácticas que tanto daño le han hecho al país. Pareciera que lo único que se copió de la política criolla fue lo malo y lo feo. Quienes van a ser nuestras máximas autoridades tienen que entender que los votos no se compran, se ganan con propuestas realistas y sin demagogia.

¿Este es el ejemplo que le quieren dar a los estudiantes? ¿El fin justifica los medios?

Es triste ver como la Universidad se ha forrado de propaganda política que en vez de resaltar propuestas solo realza la imagen personal, como si uno votara por caras bonitas.

Ante estos hechos los estudiantes toman la iniciativa, junto con la Asociación de Profesores, de organizar un debate que sirva de plataforma para que todos escuchen las propuestas de los candidatos. Esta organización data de hace meses.

Sin embargo, por intereses ocultos, se ha querido manchar la finalidad de esta actividad. No le debemos tener miedo al intercambio de ideas, porque al final del día todos queremos lo mismo, que es elevar la UTP para que se convierta en una de las mejores universidades del mundo.

No queremos rifas ni piñatas: queremos propuestas.

 

MOVÍN VUELVE A OPINAR

 

IMPEDIMENTO DE SALIDA

“José Ayú Prado viaja otra vez a España; esta vez para hablar de ética judicial”, dice la noticia del diario La Prensa del 2 de octubre del presente.

Nuestro representante del tema ha gastado, dice la nota, casi 28 mil dólares en viajes en lo que va del año, según él porque, “los viajes […] fomentan la cooperación internacional y la capacitación del personal”. Creo que nuestro presidente de la Corte Suprema de Justicia debe revisar nuevamente, o por primera vez si no lo ha hecho antes, la misión del Órgano Judicial, que habla de decidir conflictos, no menciona la cooperación internacional ni la capacitación de funcionarios.

Está claro que la cooperación internacional y las actualizaciones del recurso humano de una institución son importantes pero, considerando que el primer y último fin de este Órgano del Estado es administrar justicia, y que en nuestro país la mora judicial resulta escandalosa, es un agravio que quien está al frente de la máxima entidad de justicia en nuestro país destine fondos públicos para pasajes y viáticos que le permitan exponer sobre “ética judicial”.

Se han ordenado un sinnúmero de medidas cautelares en los últimos años que impiden la salida del país del investigado y/o imputado. Muchos de esos seguirán trabajando. Otros tienen detenciones preventivas en casa o en cárceles, esperando por juicios o sentencias que van a ritmo de bolero. Esta es la punta del iceberg de una mora que no parece asustar al magistrado presidente de la CSJ. Tal vez el señor Ayú Prado también requiere impedimento de salida del país, e incluso de su oficina, hasta que la mora baje por lo menos en un 50%, y la población carcelaria sea mucho mayor de condenados que de detenidos.

Es cierto que una institución no debe depender de quien la dirige para funcionar de manera eficiente o para cumplir con su deber. Pero no es menos cierto que quien está al mando de el ejemplo, y este ejemplo debe ser de demostración de un compromiso absoluto con el cumplimiento oportuno de deberes de manera íntegra y sobre todo ética, mucho antes del disfrute de derechos superiores como la capacitación personal o representación en foros internacionales a título del cargo, y no de posturas a nivel de país.

Si queremos hablar de ética judicial, hablemos señor magistrado presidente. Pero primero, pongamos la casa en orden. No hay moral para que usted represente al Órgano Judicial hablando de este tema, mientras aquí tenemos tanto pendiente en materia legal y de derechos humanos. Para administrar justicia hay que ser justos, y simplemente no se pueden decidir conflictos y emitir fallos oportunos teniendo tremenda agenda internacional como prioridad.

 

LO POSITIVO Y NEGATIVO

 

Lo positivo

Esta semana fuimos testigos del logro más grande realizado por nuestra Selección de Fútbol: llevar el nombre de Panamá a nuestra primera Copa Mundial de Fútbol en Rusia. Todos los panameños nos unimos al grito de ¡Goooool! con la misma fuerza y pasión que le puso Román Torres al realizarlo. Desde el gran conocedor de fútbol hasta el que poco interés le había puesto, todos nos fundimos en una gran celebración nacional. Tras el triunfo nos sentimos más panameños que nunca, porque de alguna manera contribuimos al sueño logrado... ¡Panamá en Rusia 2018!

Lo negativo

También esta semana conocimos los resultados de los estudios realizados por Transparencia Internacional sobre el Índice de Corrupción en Latinoamérica, marcando nuestro país un deshonroso cuarto lugar. Un 38% de los encuestados dijo haber realizado actos de corrupción para ganarse algún proyecto. Es decir, uno de cada tres panameños.

Tristemente la lucha contra la corrupción no es vista con la misma pasión con la que vivimos el fútbol. Todo lo contrario; lo que experimentamos es una total inacción para detenerla. Es importante que para el mejor futuro de nuestra nación cada uno de nosotros se involucre en la lucha para que las instituciones, tanto públicas como privadas, sean manejadas con eficiencia y transparencia. La corrupción es dinero que nos cuesta en salud, educación, cultura, deporte y calidad de vida. Muchos millones que debieron utilizarse en nuestras medicinas y aulas escolares están hoy en día en manos de corruptos que aún esperamos sean juzgados y condenados.

Al igual que hicimos con nuestro fútbol, pongámosle todo el empeño, y gritemos con pasión de patria: ¡NO MÁS CORRUPCIÓN!

 

AGENDA MOVÍN

 

Conoce nuestras actividades

Miércoles 18 de octubre

Representantes del Grupo Multisectorial de CoST Honduras se reunirán esta semana con su contraparte panameña para un intercambio de conocimientos y mejores prácticas entre ambos programas. Esta visita se da en el marco de la entrega de códigos fuentes del SISOCS [SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y CONTRATOS DE SUPERVISIÓN] de Honduras a Panamá, lo que permitirá la divulgación de información completa y sistematizada, por fases, durante todo el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura pública. 

Viernes 13 de octubre

MOVÍN cuestiona el papel de la Asamblea Nacional en las posibles investigaciones de denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en donde se percibe el uso de la discrecionalidad de la prueba idónea, para evadir su función constitucional de investigar las denuncias.

Lunes 9 de octubre

El vocero de MOVÍN, Horacio Icaza, participó en la discusión sobre la Ley de Contrataciones Públicas, el Índice Global de Competitividad y la encuesta de Transparencia Internacional en el programa Eco 360.

Martes 3 de octubre

La vocera de MOVÍN, Annette Planells, participó en el programa Eco 360, donde se discutió sobre la corrupción.

Este mismo día se reunió la subcomisión de la Asamblea Nacional, encargada de discutir el proyecto de ley que busca la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

El Colegio Nacional de Abogados planteó que hay una Comisión de Derecho Penal en el CNA, la cual está elaborando un informe técnico-jurídico que esperan sea revisado por la Sub Comisión.

El Ministerio Público planteó que las convenciones contra la corrupción (UNCAC) incluyen el tema del plazo de la investigación, y determinan que no existe nada que vede la posibilidad de establecer una imprescriptibilidad en nuestra legislación. En el Estudio del Derecho Interamericano generalmente vemos imprescriptibilidad atado a delitos de lesa humanidad.

Los Diputados decidieron que esperarían los informes y opiniones escritas de los invitados, y que no pretenden reunirse más hasta que tengan esta documentación y puedan redactar la propia.

Lunes 2 de octubre

El vocero de MOVÍN, Gabriel Tribaldos, acudió al programa Debate Abierto a exponer la posición del Movimiento sobre el uso de recursos del Estado en campañas políticas.

 

RESUMEN DE NOTICIAS

 

Sábado 14 de octubre

Fondo Monetario Internacional llama a América Latina a frenar la corrupción, como causa de menor desarrollo, con más desigualdad.
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Viernes 13 de octubre

Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional niega investigar a la directiva de la Corte Suprema de Justicia, frente a denuncia puesta por abuso de autoridad, infracción de deberes de los servidores públicos, usurpación de funciones, y obstrucción del funcionamiento, al violar la carrera judicial. Los magistrados de la Junta Directiva denunciados son: José Ayú Prado, Luis Fábrega y Hernán De León. Los miembros de la Comisión, que desestimaron la denuncia en la Asamblea Nacional son: Santiago Tejada [suplente de Adolfo Valderrama], Sergio Gálvez, José Muñoz, Rubén De León, Jorge Dutary [suplente de Elías Castillo] y Juan Ayola [suplente de Alfredo Pérez]]. 
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Viernes 13 de octubre

Al menos 19 denuncias y querellas y denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia han sido archivadas por la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional en lo que va del año 2017.
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Martes 10 de octubre

Según Transparencia Internacional Panamá está entre los cinco países de América Latina en los que se paga más en sobornos, para tener acceso a servicios públicos [información procecdente del Barómetro Global de la Corrupción]. El 43% de los encuestados considera corruptos a los diputados; el 39% considera corrupto al Ejecutivo, y un 35% considera que la Policía Nacional, jueces y magistrados son corruptos. El informe da entre otras recomendaciones.
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Lunes 9 de octubre

Los goiernos de América Latina parecen no estar haciendo lo suficiente para combatir la corrupción, a pesar de la presión ciudadana. Según Transparencia Internacional 62% de los encuestados considera que la corrupción ha aumentado; el 29% pagó algún soborno para recibir servicios públicos básicos, y un 28% reportó represalias por denunciar corupción.
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