El Consejo de Gabinete acaba de aprobar un aumento de 27 millones de dólares al presupuesto sugerido de la Asamblea Nacional. Esto significa que los diputados tendrán acceso a 123 millones de dólares en un año electoral. Es el presupuesto más alto en la historia de la Asamblea Nacional, y es 33 millones de dólares más alto que el presupuesto aprobado para 2017.

¿Cómo se puede justificar un aumento de esta magnitud al presupuesto de la Asamblea Nacional cuando tiene los mismos 71 diputados que los años anteriores y utilizan el mismo edificio para sesionar?

Incluso, podríamos estimar que la Asamblea Nacional operaría con menos personal que en 2018, por la suspensión de las planillas 080 y 172, donde se ha evidenciado que contrataron personas con funciones ajenas a la institución, además de botellas y familiares, e, incluso, desvíos de fondos a empresas vinculadas a los diputados.

Mientras a la Asamblea se le concede este aumento injustificable, en la Caja de Seguro Social (CSS) aún mueren pacientes esperando una atención de calidad. El Órgano Judicial no tiene suficientes recursos para implementar la carrera judicial, o, peor aún, para pagar compromisos con algunos proveedores.

El Instituto Nacional de Cultura no tiene suficiente presupuesto para rescatar el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, ni para otros museos como El Caño o el Museo de Arte Contemporáneo. Pandeportes no tiene fondos para enviar deportistas a competencias internacionales. El Ministerio de Obras Públicas no tiene suficiente presupuesto para reparar las calles y muchas otras instituciones tienen necesidades presupuestarias apremiantes para poder cumplir con el servicio que el Gobierno le debe brindar a los ciudadanos.

Seguimos siendo víctimas de esta relación enfermiza entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo. El primero con su necesidad de aprobar el presupuesto para 2019, ratificar los nombramientos de los futuros magistrados, el fiscal electoral y los directivos de la Autoridad del Canal de Panamá.

El segundo, con su necesidad de garantizar la reelección y que, como no tiene mucho que mostrar en su desempeño, recurre al clientelismo para buscar el favor de los ciudadanos, a quienes les niegan las verdaderas soluciones a sus necesidades.

Los ciudadanos tenemos el poder de cambiar esta situación. Somos nosotros los que los elegimos, y somos nosotros quienes podemos empezar a resolver el problema, llevando a personas íntegras y capacitadas a los puestos de elección popular. Necesitamos líderes que pongan los intereses del país por encima de sus intereses particulares o partidarios.

Rompamos este círculo vicioso diciendo #NoALaReelección. Votemos por aquellos candidatos que, además de ser personas íntegras y capaces, se comprometan a eliminar las prácticas clientelistas que poco a poco están acabando con nuestra democracia. 

La autora es miembro de Movin y conductora del programa de radio ‘Sal y Pimienta’.

[ Ver artículo (fuente: La Prensa) ]