Por: Annette Planells
Un tuit de Pedro Vargas:“Yo no sé de derecho, pero sé que me robaron”, esa frase del periodista Rolando Rodríguez, la hago mía. Y los que me robaron están libres porque hay muchos ladrones en el patio”.
Este tuit resume la frustración al ver cómo el dinero y el poder parecen imponerse en un sistema judicial que, a la fecha, ha sido incapaz de impartir justicia de manera objetiva, expedita e independiente.
Las pruebas abundan a diario. Si nos enfocamos en los diputados, existen auditorías que muestran millones de dólares sin su respectivo sustento; equipos deportivos comprados y nunca entregados; planillas de botellas o funcionarios fallecidos; personas que han declarado no haber recibido cheques o haberlos entregado a terceros. Casos que vienen desde 2009, pero ni un diputado ha rendido cuentas.
Si vamos al Ejecutivo, están las confesiones de Odebrecht y otras empresas, y de exfuncionarios que participaron del desfalco, pero ningún funcionario de alto nivel ha sido condenado.
Excusas abundan: persecución política; fuero penal electoral; falta de prueba idónea o el unicornio rosado que deben presentar; pruebas contaminadas; prescripción de la acción penal; agotamiento del tiempo de investigación; habeas corpus preventivo; violación de derechos (aunque nunca se presentaron a enfrentar los cargos); pérdida de competencia (incluso antes de tomar posesión), y, muchas veces, un largo silencio. El resultado es claro: nuestro sistema judicial ha sido incapaz de procesar a los maleantes de cuello blanco o de camisas Columbia.
Para agravar, la Asociación de Magistradas y Juezas del Órgano Judicial de Panamá y la Asociación Panameña de Magistrados y Jueces, publican una carta en la cual exigen a los ciudadanos respeto a sus fallos, en vez de exigir la implementación de la Carrera Judicial para evitar que jueces interinos dicten sentencias; de solicitar la instalación del Tribunal de Integridad y Transparencia, y de pedir un presupuesto para el Órgano Judicial cónsono con las necesidades que enfrentan. Esta carta abierta ignora el hecho de que es a los ciudadanos a quienes deben servir y que las críticas son el fiel reflejo de una justificada desconfianza que lleva años formándose en la opinión pública. Estimados jueces y magistrados: los ciudadanos son las víctimas de un sistema que colapsó, y pueden ser sus principales aliados para corregir las deficiencias y construir un sistema judicial del que todos estemos orgullosos.
Ésta es la realidad; es un cáncer en nuestras instituciones que ha hecho metástasis y no se va a solucionar solo con leyes o una nueva Constitución.
Por esta razón, un grupo importante de jóvenes y de organizaciones ciudadanas, preocupadas por el colapso de nuestra justicia, han organizado una serie de manifestaciones exigiendo acciones concretas por parte de quienes tienen el poder de revertir este colapso.
Es nuestra responsabilidad ciudadana participar, pues si no resolvemos la grave crisis del sistema judicial, no podremos avanzar en la construcción de un país de oportunidades para todos, donde podamos vivir en paz. Mientras los maleantes de cuello blanco sigan saliendo impunes de sus fechorías, nos seguirán gobernando y es solo cuestión de tiempo para que nuestro país pase a recorrer el triste camino de los vecinos venezolanos.
Este martes 20, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia, apoyemos la reconstrucción de nuestro sistema judicial. Exijamos justicia #CaigaQuienCaiga, y pensemos en el país que queremos dejar a nuestros hijos y nietos.
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