El Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo está debatiendo reformas a la Constitución Política de la República de Panamá. Este, decididamente, es un tema complejo y al que resulta difícil darle seguimiento, especialmente para los que no somos abogados y para los que no están pendientes de las discusiones políticas nacionales.

Son, en su mayoría, asuntos que han sido objeto de grandes debates y sobre los cuales parece haber consenso sobre la importancia de reformarlos, por el impacto que tienen en la institucionalidad y la relación entre los tres órganos del Estado.

En las reformas propuestas sobre el Órgano Legislativo se debate limitar la reelección de los diputados a un solo período adicional. Esto se alinearía con el mensaje alto y claro que enviaron los ciudadanos en las elecciones del pasado 5 de mayo en contra de la reelección— de 51 diputados que se presentaron en estas elecciones, solo 15 lograron reelegirse. Y es que precisamente la opción de reelección indefinida que tienen los diputados ha permitido la creación de círculos de poder dentro y fuera de los circuitos electorales, donde un grupo de diputados se ha convertido en una amenaza para la democracia, asumiendo funciones que no le corresponden, utilizando ese poder para extorsionar al Ejecutivo y blindándose de la justicia. Limitar su reelección garantizaría alternancia de poder y mayor equidad y representatividad electoral.

En cuanto al Órgano Judicial, se propone la creación del Tribunal Constitucional. Hoy día, los casos que llegan a la Corte Suprema de Justicia se dividen en tres salas dependiendo de su naturaleza: Civil, Penal y Contencioso Administrativo. Aparte de eso, los nueve magistrados en pleno deben resolver los habeas corpus, los amparos de garantías constitucionales y las advertencias de inconstitucionalidad. Estos dos últimos recursos, que representan un gran volumen del total de casos que ingresan a la Corte, pasarían a ser competencia de este Tribunal Constitucional. De esta forma, la creación de este nuevo tribunal debería reducir el poder de los magistrados de la Corte y traer mayor celeridad en el fallo de estos recursos. No son pocos los amparos de garantías constitucionales que tardan años en resolverse. Un ejemplo es el reciente fallo de inconstitucionalidad en contra del contrato ley de Minera Petaquilla que demoró diez años en salir, con todas las consecuencias que esto trae para la seguridad jurídica y la protección del medio ambiente. La pregunta es si este modelo que se propone, ha sido exitoso en otros países donde se ha implementado, y cuáles han sido sus resultados en la práctica.

En lo correspondiente al Órgano Ejecutivo, se debate limitar la facultad de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mediante una terna presentada por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo. Esto formalizaría lo que hoy es uno de los roles que por acuerdo entre Sociedad Civil y el Ejecutivo, lleva el Pacto de Estado por la Justicia y que, lamentablemente, no ha prosperado en el pasado.

Por otro lado, al incorporar la nueva estructura de un Tribunal Constitucional, se elimina el binomio cuadrado imperfecto, en el que los magistrados investigan y juzgan a los diputados, y los diputados a los magistrados. En la propuesta que se está debatiendo, los magistrados del Tribunal Constitucional juzgarían a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Corte juzgarían a los diputados y los diputados a los magistrados del Tribunal Constitucional; a la vez, todos serían investigados por el procurador general de la Nación, eliminando la necesidad de presentar la “prueba idónea” o unicornio rosado que ha impedido las investigaciones de numerosas denuncias en contra de los diputados.

Son temas puntuales, pero trascendentales en la construcción de la estructura de los órganos del Estado y, por ende, del mismo Estado. De su redacción dependerá el futuro de nuestra democracia, por lo que los ciudadanos debemos estar muy pendientes. Esperamos y confiamos en que todas las personas que participen de su redacción y posterior debate en la Asamblea Nacional, lo hagan con el desprendimiento y la responsabilidad que amerita un debate que afectaría la convivencia de los ciudadanos y el futuro del país.

La autora es conductora del programa ‘Sal y Pimienta’ y miembro de Movin.