Por: Annette Planells
 

La Defensoría del Pueblo es una institución creada en 1997, con el propósito de promover, proteger y defender el respeto a los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables. El defensor del pueblo es nombrado cada cinco años por la Asamblea Nacional.

La Defensoría del Pueblo fue elevada a rango constitucional precisamente para evitar que personas inescrupulosas en el poder pudieran de un plumazo eliminarla. Sin embargo, ha ocurrido algo peor: han minado su efectividad año tras año hasta que su necesidad sea invisibilidada, y la han convertido en una institución más para hacer nombramientos políticos.

Recordemos que fue la Defensoría del Pueblo la que en el año 2002, cuando Juan Antonio Tejada la lideraba, implementó la publicación de las planillas estatales, algo considerado imposible en la época, porque los funcionarios en el poder alegaban que traería problemas de seguridad para los que devengaran salarios altos. De más está resaltar la importancia de este paso en pro del derecho a la información y la lucha en contra de la corrupción.

Hoy, la Defensoría del Pueblo enfrenta su más grave crisis desde que fue creada. Recordemos algunos de los escándalos que conocemos por el abuso del presupuesto en compras no justificadas, como un sofá de Ralph Lauren, una camioneta Lincoln Navigator, juegos de abrecartas de $150 y sombreros de $200. El escándalo más reciente tiene que ver con la Defensoría adjunta, una figura técnica cuyo director requiere de un amplio conocimiento y experiencia en la defensa de los derechos humanos, y la que está establecido, expresamente, debe ser ocupada por una persona no partidista. Fue designada una activista político partidista del PRD, que incluso acompañó al actual presidente del PRD, Benicio Robinson, en la nómina para presidir el CEN del partido de gobierno en 2016.

Maribel Coco, quien fue designada por el actual defensor del pueblo, no solo no parece contar con la experiencia y capacidad necesaria para asumir esta responsabilidad, sino que sobre ella pesan procesos penosos en su participación como funcionaria en la Caja de Seguro Social y como docente de la UDELAS. El defensor del pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, en lo que aparenta ser un intento desesperado por no ser removido de su puesto a raíz de una investigación iniciada por la Asamblea Nacional por acoso sexual dentro de la institución, coloca el último clavo en el ataúd de una institución que juró fortalecer.

Debo destacar la actitud honrosa de Joyce Araujo, secretaria general de la Defensoría del Pueblo, que no sólo renunció ante este penoso hecho, sino que, además, valientemente, hizo públicas las razones que la llevaron a tomar una decisión poco común en la política panameña. Bravo Joyce. Tu desprendimiento nos llena de orgullo. Con tu acción dignificas la participación de las mujeres en la vida política nacional.

Qué triste final para una institución que está llamada a defender derechos humanos fundamentales en momentos cuando grupos humanos vulnerables enfrentan violaciones a sus derechos y no cuentan con la capacidad para exigir su defensa; en momentos cuando se registran atentados contra la libertad de expresión desde la propia Asamblea Nacional, al impedir el acceso de periodistas y ciudadanos a algunas de las sesiones del pleno o de la Comisión de Presupuesto, o incluso con la presentación de leyes que pueden atentar en contra de la profesión periodística y la libertad de expresión.

Es un triste retroceso ante la mirada ausente de un Presidente de la República, que se escuda detrás de la separación de poderes para no emitir su opinión sobre la actuación de sus copartidiarios, olvidando que es el máximo líder del país y que los panameños esperamos, al menos, escuchar su opinión para sentir que esta nave que se llama Panamá, no navega a la deriva.

La autora es directora de Movin y conductora de Sal y Pimienta.